HISTORIA
HISTORIA
"Habitando la historia"
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo fue creada en 1939, como parte fundacional de la Universidad. Desde sus inicios, tuvo como misión formar profesionales del Derecho con un profundo compromiso ético, social y académico.
En sus primeros años, la enseñanza se desarrolló en espacios reducidos y con recursos limitados, pero con una fuerte vocación de excelencia. Con el tiempo, la Facultad consolidó su infraestructura en el actual Campus Universitario, incorporando modernos espacios de aprendizaje, una biblioteca especializada y programas académicos de grado y posgrado.
Hoy, la Facultad de Derecho es un referente en la región de Cuyo, impulsando la investigación, la extensión universitaria y la innovación en áreas jurídicas tradicionales y emergentes, como derechos humanos, derecho ambiental y métodos alternativos de resolución de conflictos.
Comprometida con los valores de la democracia, la justicia y la equidad, nuestra Facultad continúa formando líderes jurídicos que contribuyen activamente al desarrollo del país y la región.
Breve historia de la Facultad de Derecho de la UNCUYO - Por Luis Enrique Abbiati
Revista RYD República y Derecho / ISSN–L 2525–1937 / Volumen X (2025) Facultad de Derecho / Universidad Nacional de Cuyo / Mendoza – Argentina
revistaryd@derecho.uncu.edu.ar / www.revistaryd.derecho.uncu.edu.ar
Con el advenimiento de la democracia, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo fue creada bajo la presidencia del Dr. Raúl Ricardo Alfonsin, el 27 de diciembre de 1984 mediante la Resolución Nº 3070 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación, firmada por el entonces ministro Dr. Carlos Alconada Aramburú.
Creación que –conforme a los fundamentos de esa resolución– tenía por objeto dotar a la Universidad Nacional de Cuyo de una unidad académica responsable de las actividades de docencia, investigación y extensión en el campo de las ciencias jurídicas. Actividades que en esa área permitirían a la Universidad generar nuevas respuestas a los requerimientos de su zona de influencia.
La creación de un centro de estudios jurídicos público era de antigua data en la región de Cuyo. Al respecto, ya en 1928 se había presentado un proyecto ante el Congreso de la Nación, el que finalmente no prosperó.
La fundación de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 1939, tampoco contempló la posibilidad de contar con una Unidad Académica que tuviera por objeto la enseñanza del Derecho, pese a que al crearse ella se estipuló como una de sus bases esenciales la de servir a las exigencias, características y necesidades de la Región.
Es recién en el año 1951 en el que se reabre la discusión sobre la necesidad de establecer un centro de estudios jurídicos y políticos en el marco de la Universidad, cuyo lugar vino, sin embargo, a ser ocupado por la creación en 1952 de la Escuela de Estudios Políticos y Sociales. Quedaba así, una vez más, desvanecida esa pretensión, mas no la idea.
En efecto, en 1954 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Cuyo, a raíz de una petición presentada por el Centro pro–Creación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales –apoyada por la Federación Gremial Universitaria de Cuyo y las adhesiones del Superior Gobierno de la Provincia, de la Excma. Suprema Corte de Justicia de Mendoza y de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia– mediante la Ordenanza Nº 25/54 propone al Poder Ejecutivo de la Nación la creación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, con fundamento, entre otros, en que ella constituirá un importante aporte para satisfacer las necesidades de carácter jurídico –propias de la zona– concernientes, por ejemplo, a la legislación de aguas, sobre minas, del contrato
de cultivo de viña, de la regulación de la vitivinicultura, etc.. Creación que, finalmente, se vio frustrada por obra de los acontecimientos políticos ocurridos en el mes de Septiembre 1955.
Diez años después, a solicitud de un grupo de jóvenes y profesionales, el Rectorado de la Universidad decide constituir una comisión con la finalidad de estudiar, fundamentar y formular un Proyecto de Facultad de Derecho. Decisión esta a cuyo fortalecimiento vino a contribuir el hecho de que por entonces ya existiese, desde 1960, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza, cuyo carácter privado justificaba holgadamente la pretensión de contar entonces con una facultad pública. Esta iniciativa dio lugar a que el Consejo Superior (Res. Nº 579/65–C.S.) declarara la necesidad de crear la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales –cuya integración lo sería por las Escuelas de Derecho y Ciencias Jurídicas, de Estudios Políticos y Sociales y de toda otra Escuela encuadrada en dichas especialidades que se creare con posterioridad– y, a su vez, convocara también a la Asamblea Universitaria para decidir al respecto, lo que así ocurrió el día 29 de Diciembre de 1965, con resultado negativo por no haberse logrado la mayoría de votos requerida para la aprobación de lo solicitado por dicho Consejo.
Posteriormente, en 1973, se plantea otra vez la cuestión de la creación de una facultad pública elevándose un nuevo proyecto al Ministerio de Educación, el cual decide la creación de un Centro de Altos Estudios Jurídicos destinado a la promoción de la investigación del saber jurídico, Centro cuya actividad se extendió hasta el año 1976 en el que fue disuelto por el gobierno de facto instalado por el Golpe de Estado Cívico Militar ocurrido el día 24 de marzo de ese año.
Finalmente, con la llegada de la democracia, en el año 1983 renacen las acciones tendientes a la creación, largamente demorada, de una Facultad de Derecho. Es así como en el mes de marzo de 1984 y en ocasión de encontrarse en la Provincia el Ministro Alconada Aramburú, el entonces Rector Normalizador de la Universidad, Dr. Isidoro Busquets, juntamente con el Gobernador de la Provincia y el Director General de Escuelas –Dres. Santiago Felipe Llaver y Hugo Salvador Duch, respectivamente– deciden interesarlo en tal iniciativa, quien, a su vez, se comprometió a analizarla con el Presidente de la Nación.
Es en tales circunstancias que con la finalidad, entre otras, de fortalecer este nuevo intento, el Consejo Superior Provisorio en agosto de ese año, a través de la Resolución Nº 97/84, dispone la constitución de una comisión ad–hoc con el cometido de estudiar y aconsejar al Cuerpo sobre la puesta en marcha de la futura Facultad y autorizar al señor Rector Normalizador a designar a sus integrantes, los que, con la premura del caso, fueron nombrados mediante la Resolución Nº 981/84.
Finalmente, en base a un Proyecto elaborado por dicha Comisión, el Consejo Superior, a través de la Ordenanza Nº 69/84, resolvió crear la Carrera de Abogacía en el ámbito de la propia Universidad, sancionar el respectivo Plan de Estudios y proponer al Ministerio de Educación y Justicia tanto la fijación del título de Abogado para tal carrera como la creación de la Facultad de Derecho.
Y bien, en consecuencia con dichas propuestas, ese Ministerio, por la ya referida Resolución Nº 3070 del 27 de Diciembre de 1984, acepta y decide la tan esperada creación de la nueva Facultad.
El acto inaugural de la nueva Facultad tuvo lugar el día 1º de agosto de 1985 en el Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza, contando con la presencia del propio Ministro, acompañado de las autoridades tanto universitarias como de las correspondientes a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia y, también, de los primeros docentes designados para emprender la actividad lectiva.
Conformada la mesa académica, se sucedieron los discursos de rigor. Al respecto, el Dr. Ricardo Monfarrel –primer Decano Normalizador– destacó que la creación de la Facultad representaba un hecho memorable para la cultura mendocina, al tiempo que fustigó a quienes se oponían a ella con base en el histórico y reiterado argumento del exceso de abogados, fortalecido entonces por la preexistencia de la antedicha y reconocida Facultad de gestión privada.
A su turno, el Dr. Alconada Aramburú –quien en una entrevista periodística había recordado el pedido que, ocasionalmente y a propósito de su asistencia a los festejos vendimiales de ese año, le habían hecho algunos jóvenes sobre la creación de una Facultad de Derecho, ello con apoyo en el principio de la igualdad de oportunidades, pedido que, dijo, le despertó la responsabilidad que en razón de sus funciones le incumbían en el caso– hizo uso de la palabra. La creación de la Facultad que se inauguraba, destacó, perseguía integrar el sistema educativo extendiendo sus estructuras para permitir que todos los aspirantes a ingresar al mismo, no se vieran excluidos por razones de selección económica. El Estado –agregó– ha venido con esta creación a asumir la obligación de atender la educación pública como manera cierta de fortalecer el régimen democrático.
Creación que en relación a la regionalización de la educación en el país, venía a ser una demostración de ella y, además, un desagravio al pueblo mendocino, ya que era la única región del país que no contaba con una Facultad de Derecho.
Finalmente, el Rector Normalizador, Dr. Busquets, resaltó que en el plano de la proyección futura de la nueva Institución, debía ser motivo de especial preocupación la creación de institutos de investigación y estudios superiores que permitieran a los egresados la profundización de sus conocimientos y el aporte de nuevas ideas, con el fin de evitar el estancamiento de las doctrinas jurídicas.
Se ponía así en marcha la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, nutrida ella de generosas esperanzas.
La preparación de la Facultad para comenzar a cumplir sus funciones, exigió el ordenamiento de los componentes humanos y materiales requeridos para tal fin.
En relación al primero de ellos –estudiantes, docentes y personal administrativo– cabe referir que el alto interés que despertó su creación en el medio social, se manifestó, palmariamente, en la masiva inscripción de aspirantes a ingresar, tanto como que del total de inscriptos en el año 1985 para el conjunto de las unidades académicas de la Universidad, el treinta por cierto de ese total –representado por la cantidad de 2610 inscriptos– le pertenecía a la carrera de Abogacía. Número explicable por el desahogo que su apertura significó para las contenidas vocaciones que durante largo tiempo esperaban por esta oportunidad, como explicables fueron también las dificultades operativas que tal número habría de provocar atento a las imitaciones de los recursos con que se contaba.
En efecto, la contención física de ese ingreso multitudinario encontró lugar –entre los muy pocos que existían con capacidad medianamente aceptable– en el edificio que fuera del Colegio de los Hermanos Maristas Marcelino Champagnat, cuyas instalaciones sólo permitían, y con limitaciones, las actividades estrictamente lectivas y administrativas. A ello se sumaba la dificultad financiera por no tenerse aún aprobado el presupuesto correspondiente a ese año, por lo que se debió recurrir a la colaboración de las otras Facultades en relación al equipamiento mobiliario. Otro tanto ocurrió con el personal administrativo o de apoyo académico, cuya planta se integró principalmente con agentes provenientes de esas Unidades Académicas.
En cuanto al cuerpo docente, él estuvo inicialmente integrado por treinta profesores que fueron seleccionados –con carácter interino– a través de una evaluación directa de sus antecedentes, cotejados estos con los de los demás inscriptos para el ejercicio de tal función respecto de cada una de las asignaturas correspondientes al primer año del Plan de Estudios. Sobre la cuestión, fue pretensión inicial de las autoridades la de cubrir prontamente los cargos docentes por concursos públicos, aspiración esta que vino a concretarse recién diez años después.
Más allá de los actos administrativos que le dieron vida a la Facultad, esta etapa –cuya parte inicial obedeció a la gestión del ya citado Dr. Ricardo Monfarrel, como Decano Normalizador– comienza con el ejercicio concreto de la labor académico a través del dictado de clases, el que tuvo lugar el día 5 de agosto de 1985. La actividad lectiva se encontraba repartida en tres turnos –mañana, tarde y noche– a través del sistema de cátedras por asignaturas, lo que permitiría, al decir del Decano, la pluralidad de enfoques, la libertad de cátedra y una sana competitividad académica.
Fue esta una etapa caracterizada por la intensa labor destinada a la organización de las distintas actividades. Ello, a través de la elaboración y dictado de una profusa legislación interna –signada, a veces, por frecuentes cambios– particularmente en el área académica dado el número de cuestiones a regular, entre otras, a saber: el ingreso de los alumnos por vía directa o del sistema de pases y equivalencias; las modalidades del dictado de clases; la aprobación de los programas de estudio; el sistema de correlatividades y promoción para el cursado progresivo de las asignaturas; la periodicidad de los exámenes y toma de los mismos; el rendimiento académicos de los alumnos; el cumplimiento del dictado de clases; el régimen de concursos para proveer cargos docentes interinos; etc., etc.
Las limitaciones físicas y económicas antedichas hicieron de difícil gestión la conducción de la Facultad en sus primeros años, mas, paulatinamente, se fue imponiendo un ordenamiento en el funcionamiento de la misma. No obstante ello, la complejidad y la naturaleza de ciertos asuntos a resolver, sumadas a la conveniencia de contar con una participación plural en esa conducción, determinó, en el año 1988, la necesidad de coadyuvar a su gobierno –en manos ya, a partir de junio de 1986, de quien fue su segundo Decano (ahora con el carácter de “Organizador”), el Dr. Oscar Dimas Agüero, acompañado por el profesor Luis Enrique Abbiati como Secretario Académico– a través de la creación de un Consejo Organizador (Res. Nº 175/88–D.O.), integrado por dichas autoridades y por representantes de los claustros docente y estudiantil. Consejo cuyas decisiones no tenían fuerzavinculante, pudiendo el Decano apartarse fundadamente de ellas con elevación al Consejo Superior para producir una definición al respecto. Cabe acotar que este Consejo tuvo como antecedente el que como Consejo Académico Consultivo se creó en el año 1986 (Res. Nº 291/86–D.O.), al cual reemplazó. Fue principal preocupación de esa gestión la de procurar un edificio propio, mas las iniciativas y diligencias emprendidas con tal fin no tuvieron un curso favorable. Ello llevó a la necesidad de conseguir la locación de otro, habida cuenta de las crecientes dificultades operativas, tanto académicas como administrativas, que presentaba el de entonces, ya por el sostenido aumento de la matrícula por obra de los sucesivos ingresos, ya por el inevitable crecimiento que de por sí sufren las instituciones, sumándose a estas razones el deterioro físico de algunas partes del edificio que ponía bajo sospecha la seguridad de las mismas.Es así como avanzado el año 1989 y tras una intensa búsqueda, la Universidad suscribió con el Gobierno de la Provincia de Mendoza el contrato de locación por el que la Facultad vino a instalarse en el Estadio “Malvinas Argentinas”, construido con motivo del Campeonato Mundial de Fútbol de 1978.
La instalación y funcionamiento en tan singular emplazamiento fue todo un desafío a la imaginación. Desafío que era requerido por la construcción de las originales soluciones que exigían los particulares problemas que presentaba la distinta naturaleza de una y otra actividad, la deportiva y la académica, y la necesidad de lograr una aceptable adecuación al respecto. En efecto, como se comprenderá, no era un estadio de fútbol el lugar más apropiado para el funcionamiento de una institución académica, pero los amplios espacios de su planta baja y subsuelo, permitieron un acondicionamiento apropiado de los mismos mediante la construcción de las aulas y oficinas necesarias para un decoroso cumplimiento de las actividades específicas. Esta realidad vino también, de alguna manera, a significar para la Universidad una preocupación a resolver por mandato de su propia dignidad institucional.Ahora bien, pese a tales impedimentos la Facultad, en este nuevo enclave, logró fortalecer su acción en el plano de la formación de grado –por entonces, su inmediato y principal objetivo al producirse la graduación y egreso de la primera promoción de abogados, cuya colación tuvo lugar en el mes de agosto de 1991.
De especial significación fue el año 1992. En efecto, producida la renuncia del Dr. Aguero al cargo de Decano –y a propósito de ella– se abrió un grave interrogante respecto de la futura estabilidad institucional de la Facultad, gravedad de la que daba cuenta la demora del gobierno universitario en dar solución al vacío de poder causado por dicha renuncia, desde que durante cinco meses la única autoridad se concentraba en manos del Secretario Académico, cuya competencia, por disposición del Rectorado, se reducía a la sola atención administrativa del despacho del Decanato.
Y bien, dicho estado de cavilación, indecisión y consecuente debilidad institucional, no era sino la expresión del malestar que aún latía en el sentir de buena parte del estamento gubernamental de la Universidad, la que no lograba asimilar la existencia de la reciente Facultad, tanto más al haber ocurrido su creación por una vía extraña a la Universidad como lo fue la referida resolución ministerial. Más aún, a tal animosidad se agregaba la resistencia, fiel a sus convicciones, de quien fuera por entonces su Decano a instituir la racionalización de la matrícula estudiantil a través de la aplicación de un sistema de ingreso restricto. Sistema cuya adopción no era de fácil aceptación dada la generalización del ingreso irrestricto como criterio dominante en el concierto de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales. Contrariamente a ello, la Universidad Nacional de Cuyo había establecido –como “política de estado”– el principio del ingreso restricto aplicado por todas sus unidades académicas.
Tal confrontación de criterios creó un estado de tensión nada favorable, en general, para la viabilidad de la Facultad y, en particular, para sus pretensiones más inmediatas, cuales eran las de contar con el edificio propio y emprender el proceso de la normalización institucional por la vía de la cobertura concursal de las cátedras.
Es en tales circunstancias en las que tuvo lugar, en el mes de junio de 1992, una reunión reservada de los Decanos de la Universidad convocada por el Rector con la finalidad de deliberar sobre la existencia y viabilidad de la Facultad. Reunión esta de la que no trascendió su desarrollo ni sus resultados, aun cuando ello podía inferirse de la rigidez e imperatividad de los términos con los que el Rector le hizo saber al entonces Secretario Académico, de la necesidad –sin otra alternativa– de instaurar de manera inmediata el ingreso
restricto. A buen entendedor pocas palabras...
Tal estado de tensión cedió al resolver el Consejo Organizador (Res. Nº 239/92) –no sin una intranquilizante discusión previa– la imposición de esa clase de ingreso, lo que contribuyó al fortalecimiento institucional de la Facultad, permitiendo ello poner fin al interregno que se iniciara con aquella renuncia y designar entonces el Consejo Superior, ese mismo año, al Abog. Luis Enrique Abbiati como nuevo Decano Organizador, cuya nominación al cargo había sido ya propiciada por un grupo de profesores.
Nota especialmente significativa de esta nueva gestión, fue el propósito de procurar la recomposición y el fortalecimiento de las relaciones con todas las Unidades Académicas y con el propio gobierno central de la Universidad, atento al decaimiento que ellas habían sufrido por obra del apartamiento de la Facultad respecto de decisiones y acciones comunes tomadas por la Universidad.
Este acercamiento fue de suma importancia para poder contar con el acompañamiento necesario que la juventud institucional de la Facultad requería para avanzar hacia el logro de sus objetivos inmediatos.
El nuevo Decano, ahora en su condición de tal –aun cuando ya lo venía haciendo como Secretario Académico– continuó integrando el Consejo Permanente de Decanos de Facultades de Derecho de Universidades Nacionales, por entonces de muy reciente creación. Consejo que reunido en la Universidad Nacional de Cuyo, en Octubre de l994, produjo la “Declaración de Mendoza” por la que, entre otras expresiones, contenía un fuerte pronunciamiento tanto en favor de dotar a la Facultad de su propio edificio como de propiciar su pronta normalización institucional.
En esta etapa, fue de capital importancia el emprendimiento del proceso de normalización académica de la Facultad, a cuya concreción se encontraba sujeta, a su vez, la solución edilicia, según lo prometiera el por entonces Rector Licenciado José Francisco MartínFue así como el Consejo Superior (Res. Nº 196/94–C.S.) –después de una solicitud similar, y fallida, formulada por la Facultad en el año 1991 (Res. 14/91–D.O.)– autorizó, por primera vez, la convocatoria a concurso para cubrir, con carácter efectivo, el cargo de profesor titular en las cátedras de Introducción a la Filosofía, Introducción al Derecho, Historia de las Instituciones Argentinas y Derecho Romano. De ellos, el primero en sustanciarse fue, en agosto de 1995, el correspondiente a la cátedra de Introducción a la Filosofía.
Al respecto, bien podría decirse que la efectiva sustanciación de este primer concurso y su posterior aprobación por el Consejo Superior, vinieron a significar, dicho figuradamente, la decisión de registrar definitivamente el acta de nacimiento de la Facultad de Derecho en el memorial histórico de la Universidad Nacional de Cuyo. Ello explica la demora del Consejo en dar tal paso con esos pronunciamientos. Quedaban así despejadas todas las incertidumbres y superadas las recurrentes vicisitudes que sufriera la Facultad desde sus primeros tiempos.
De ahí en más, dicho proceso fue prioritariamente impulsado y fuertemente sostenido a fin de lograr lo antes posible la normalización de la Facultad. Es de destacar que, al respecto, fue preocupación principal la de integrar los jurados a intervenir en la sustanciación de los concurso, con los más distinguidos profesores del ámbito académico argentino, cuyos nombres obran en las actas de los correspondientes concursos como parte ya del patrimonio cultural de la Facultad.
Resultado de ese proceso fue que el Consejo Superior (Res. Nº 442/98–C.S.), con fecha 23 de Diciembre de 1998, dispuso tener por normalizada la Facultad y, con ello, habilitada para el pleno ejercicio de todos los derechos políticos previstos por el Estatuto Universitario.
Se inicia ella en el año 1999 con la elección de sus propias autoridades –Decano, Vicedecano y Consejeros directivos– y también con la de los representantes ante el Consejo Superior, mediante el sistema electoral previsto por ese Estatuto. Resultan así elegidos como primer Decano y Vicedecano, los profesores Luis Enrique Abbiati y Miguel Mathus Escorihuela, respectivamente.
Ahora bien, tal consolidación política requería, a su vez, el acompañamiento de la expansión funcional pertinente a las distintas áreas de acción dispuestas por el Estatuto Universitario, llevando ello a la imperiosa necesidad de contar con instalaciones edilicias adecuadas, de cuya construcción fue testimonio anticipado, de demorada concreción, la colocación que de la piedra fundacional se hiciera en el año 1998.
En efecto, la iniciación de la obra estaba sujeta a la previa normalización institucional de la Facultad, la que ya lograda vino a robustecer la acreencia a esa prometida realización, cumplida cabalmente por el Rector Martín.
Es así, entonces, que comenzaron a emprenderse las acciones conducentes a tal fin, las que no sólo se encaminaron por las vías administrativas correspondientes sino, también, por las de hecho a las que, algunas veces, recurrieron los estudiantes tomando las instalaciones en las que por entonces funcionaba la Facultad.
Todo ese movimiento vino finalmente –y después de sortear diferentes dificultades– a culminar con la efectiva construcción del edificio, el traslado a la nueva casa y la iniciación de las actividades en ella el día 12 de Febrero del año 2001, ocurriendo su inauguración oficial el día 21 de Noviembre de igual año. Acontecimiento este del que da fe la instalación de una placa de bronce en la que –con pretensión de mandato histórico– se lee: “Esta Casa, cuyas aulas deberán servir para educar en los altos valores de la República, fue construida entre los años 1999–2001 bajo el Gobierno Universitario de: Rector, Lic. José Francisco Martín. Vicerrector, Ing. Juan Manuel Gómez. Decano, Dr. Luis Enrique Abbiati. Vicedecano, Dr. Miguel Mathus Escorihuela”.
En ese nuevo marco, la Facultad continuó con el proceso de un sostenido crecimiento a través de distintos pasos hacia la diversificación de sus actividades, entre otras las relativas al postgrado y a la extensión universitaria. Ello, por obra del enclave físico de la Facultad, que vino a liberar una vigorosa fuerza expansiva de sus actividades, a la que contribuyó en gran medida la construcción del Aula Magna, la que, acertadamente y en consecuencia con el mandato que luce aquélla placa, se la denominó “Constitución Nacional”
.La Facultad, con sus propias energías, había comenzado a levantar vuelo, acompañando al del cóndor andino ya que en su aleteo está la vida: “In Spiritus Remigio Vita”.